Dentro de la ambulancia, mientras Sebastián Arman intentaba reanimar a un niño de un año y medio que se había ahogado en una laguna, los familiares del chico lo insultaban y amenazaban. Al urólogo Ricardo Bruno, el esposo de una paciente le dio un golpe en el ojo porque el postoperatorio de su esposa fue más complejo de lo que esperaba. Al pediatra Julián Rosales lo amenazaron de muerte y lo escracharon en las redes sociales culpándolo de la muerte de una beba que tenía menos de un año, algo que la Justicia demostró que no era cierto. En la guardia, mientras María Sol Cabezas estaba de servicio, una señora que llegó con un problema menor la insultaba por no atenderla mientras había otra paciente convulsionando.
Todo ellos son médicos de hospitales públicos, la mayoría de la provincia de Buenos Aires y decidieron dar su testimonio para mostrar las situaciones que atraviesan a diario. Dicen sentirse desprotegidos.
Según la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), el 75% de los médicos sufrió más de una vez episodios de violencia en la guardia. Otro encuesta, realizado por la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (Femeba), indicó que el 62% de los médicos son los que han padecido un hecho violento en el trabajo y que, en 61 de cada 100 casos, la víctima es una mujer.
Aunque desde ambas instituciones aseguraron que los médicos rara vez hacen la denuncia ya que eso no les trajo ningún resultado y hasta han “naturalizado” la violencia en los hospitales.
“Nos llamaron porque un nene se ahogó en una laguna en San Vicente, Buenos Aires. Cuando acudimos al lugar, los familiares del chico también se subieron a la ambulancia y durante el viaje nos amenazaban, me decían que me iban a matar si no lo salvaba. Cuando llegamos al hospital pasó lo mismo con otros familiares que se habían acercado al lugar. Luego de seis horas, a pesar de todo, logramos estabilizarlo. La policía nos dijo que si no nos pegaban no podían hacer nada, que solo con las amenazas no alcanzaba para intervenir”, dice Sebastián Arman, que trabaja en el Hospital Rural de San Vicente Dr. Ramon Carrillo. Ese chico murió un mes después en un hospital de La Plata por una parasitosis ya que el agua de la laguna estaba contaminada.
Arman recuerda, además, otros casos, por ejemplo cuando el hermano de una paciente que tuvo un intento de suicidio fue al hospital y amenazó a los médicos diciéndoles que tenía un arma. Como en ese momento la policía no lo detuvo, desde entonces esa persona suele ir a la guardia a prepotear al personal médico para que lo atiendan antes que al resto. Arman explica que dentro del hospital hay personal de seguridad del municipio, pero que “no están autorizados a tocar los pacientes”, por lo que la tarea de poner orden se complejiza.
“Los hechos de violencia los médicos los terminan viendo como algo natural y, muchas veces, los minimizan. Hay violencia física, verbal y psicológica. Al no haber en los hospitales el número de médicos necesarios, tienen que trabajar muchas horas extra y no se pueden retirar porque sería abandono de guardia, las autoridades de los hospitales deberían cuidarlos más. Los médicos terminan siendo los intermediarios entre un sistema deficiente y la gente”, explicó Liliana Riff, secretaria de la regional AMRA Pilar y miembro del Colegio Médico Distrito V donde preside la comisión de trabajo médico.
Julian Rosales fue amenazado de muerte por no poder salvar a una beba.
Un caso icónico fue el del asesinato de Manuel Farías Roja, en junio de 2011. Él era un médico tucumano que trabajaba en un centro de salud de un barrio periférico en la ciudad de Cutral Có, en Neuquén. Lo mataron de un balazo mientras transcurría su jornada laboral. La principal hipótesis sobre el motivo del asesinato fue que Farías Roja se habría negado a firmar una receta para comprar medicamentos que los asesinos usaban para drogarse.
Julián Rosales, de 41 años, es pediatra en el hospital Vicente López y Planes, en General Rodríguez y en el Houssay, ubicado en Vicente López. Una tarde de 2017 le llegó una bebé menor de un año que había sido derivada desde un centro de atención primaria porque tenía dificultades respiratorias severas. Cuando llegó la paciente se la pudo estabilizar y luego quedó en terapia intensiva. La bebé además tenía una cardiopatía congénita y unas horas más tarde tuvo un paro cardíaco. Luego de intentar reanimarla durante 30 minutos, falleció.
“En ese momento yo trabajaba en el hospital de Luján. Se le comunicó la noticia a la familia y, hasta ahí, todo fue con normalidad. Pero a la semana siguiente me enteré que un portal de noticias zonales empezó a incentivar a la familia para que vaya contra los médicos. Y los familiares terminaron viniendo al hospital, nos insultaron, grabaron videos y nos escracharon en redes. También nos iniciaron una demanda. Me decía asesino, mataste a mi hija. Me tuve que tomar licencia del hospital hasta que la Justicia determinó que no hubo impericia médica.
Norberto Hernández, Secretario de Mesa Ejecutiva en FEMEBA y Consejero en el Colegio de Médicos de la Provincia Distrito V, explica que las condiciones de trabajo para los médicos están lejos de ser las ideales. Él describe una serie de factores que van en detrimento de una buena atención médica: “Por un lado está el poliempleo: los médicos tienen que trabajar en varios lugares porque los salarios son muy bajos y están muy estresados. Otro condicionante es la falta de insumos o una infraestructura deficiente. Todo esto genera un sistema que no funciona bien y eso potencia los hechos de violencia. Además del momento en el que los médicos deben comunicar malas noticias, uno de los mayores causantes de la violencia en la gente es el tiempo que deben aguardar para ser atendidos”.
Desde La Federación de Entidades Médicas Colegiadas (Confemeco), también exigen que se tomen medidas para que los médicos estén más protegidos. “No se ha elaborado ninguna estadística a nivel provincial o nacional por parte del Estado que permita registrar las situaciones de violencia que nuestros profesionales sufren a diario en sus lugares de trabajo. Solicitamos comience a trabajarse en un plan de registro que permita tener datos sobre este flagelo a nivel gubernamental. También es preciso se resuelva un cambio en la legislación vigente que endurezca las penas contra aquellos agresores que atenten contra la integridad física y psíquica de los profesionales de la salud. El avasallamiento hacia nuestro trabajo no puede continuar”, expresaron desde la federación.
Por: Alejandro Horvat
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